De las 62 universidades licenciadas por la Sunedu, más del 90% carecen de un proceso de admisión adaptable o flexible para las personas con discapacidad. A pesar de que la educación está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, en el contexto de la educación superior, se evidencia una brecha insalvable: la inaccesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad.
Según datos del Ministerio de Educación, en 2022, solo 5658 estudiantes con discapacidad se matricularon en universidades, una cifra inferior a los 7210 registrados en 2021. Esto denota una falta de atención para asegurar que esta población pueda continuar su educación universitaria de manera adecuada.
Más allá de las barreras físicas
Un estudio realizado por el INEI reveló que el 85% de las universidades carece de infraestructuras adaptadas para personas con discapacidad. Desde la falta de rampas y ascensores hasta la ausencia de aulas con tecnología asistiva, lo cual limita la movilidad en el campus y reduce la participación en las actividades académicas.
Las personas con discapacidad, según sus necesidades, pueden requerir apoyos especiales como intérpretes en lengua de señas, materiales en formatos accesibles o tecnologías de asistencia. La falta de estos recursos puede dificultar su participación en las clases y afectar su rendimiento académico. Aunque el Ministerio de Educación inició programas para proporcionar estos recursos, la demanda supera la oferta, dejando a muchos estudiantes sin el apoyo necesario.
Sin embargo, en lugar de disminuir, las barreras aumentan. La falta de capacitación en el personal docente y administrativo, junto con la ausencia de políticas inclusivas, crea un ambiente hostil y excluyente para estos jóvenes. Según la Defensoría del Pueblo, el 53.2% de las 62 universidades supervisadas en 2022 no brindó capacitación a su personal docente o administrativo en torno a la educación inclusiva. Esto se traduce en una experiencia marcada por la discriminación y la exclusión.
El estigma social asociado a la discapacidad frecuentemente se traduce en actitudes discriminatorias en el entorno educativo. Los estudiantes con discapacidad enfrentan prejuicios y falta de comprensión por parte de sus compañeros en un 30% y, en un 29.9% por parte de los profesores. Esta falta de conciencia puede conducir a un ambiente poco inclusivo.
Falta de apoyo
En 2020, se registraron 7043 matrículas de estudiantes con discapacidad, una cifra inferior a años anteriores. Según Luis Luján, comisionado del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, esto se debe a la falta de actualización en los datos proporcionados por las universidades. Dado que los exámenes de admisión se realizan dos veces al año, en su mayoría, las universidades brindan la información requerida a destiempo, lo que impide tener un registro coherente y actualizado.
Luján menciona que "se espera que, para la segunda fase, que se centrará en la renovación de licenciamiento en las universidades, se corrijan, gestionen y eliminen las barreras educativas detectadas. Esto debería ir de la mano con una renovación de licenciamiento coherente, especialmente en favor de las poblaciones vulnerables, en este caso, personas con discapacidad".
A pesar de los avances de la Defensoría del Pueblo hacia la inclusión de personas con discapacidad en las universidades, las barreras persisten. La conciencia pública, la asignación adecuada de recursos y la implementación efectiva de políticas inclusivas son esenciales para superar estos desafíos y garantizar que cada individuo tenga acceso equitativo a la educación superior en el país.
Según la Defensoría del Pueblo, los estudiantes con discapacidad auditiva que lograron ingresar mediante el examen de admisión se encuentran limitados en su acceso a las clases debido a la ausencia de intérpretes.
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